La nueva Ley de Procedimiento Administrativo incorpora en un cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones ad extra entre Administración y administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la autotutela como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

La norma, que incorpora plenamente las tecnologías de la información al intercambio entre Administración y administrado, y que supone por tanto un cambio de paradigma para ambas partes, entrará en vigor en octubre de 2016, con un periodo vacatio legis mayor, de hasta tres años, para algunas de sus disposiciones, en particular las relativas a los registros, punto de acceso y archivo único electrónicos.